Por Victoria Lozano
En el marco del día por la despenalización del aborto en América Latina (28 de septiembre) diversas organizaciones de mujeres se tomaron las calles céntricas de Santiago para exponer su punto de vista.
Contrarias a la legislación vigente y al discurso dominante, indican que “El aborto es una realidad que tiene que asumirse en el área de salud pública de nuestro país, a la vez que debe reconocerse como un derecho de las mujeres”.
Más allá del bien y el mal
En el mundo sólo cinco países prohíben cualquier acepción del aborto inducido: El Salvador, Nicaragua, Malta, Estado de la ciudad del Vaticano y Chile.
El aborto en nuestro país es tipificado como un crimen “Contra el orden de las familias y contra la moralidad pública” en el art. 341del Código Penal, que señala también el castigo al que serán expuestas las mujeres que lo han consentido, teniendo éstas una rebaja en la pena si lo han hecho por “ocultar su deshonra”.
No existen cifras precisas sobre la cantidad de abortos que se realizan en nuestro país porque estos se ejecutan en la clandestinidad, sin embargo, Claudia Dides, socióloga, magister en género y cultura e investigadora de FLACSO, señala en el Acta Bioethica del 2006, que “estudios de la última década indican que Chile tiene una de las tasas más altas de América Latina, estimándose que se practican más de 159 mil abortos al año.
Según el estudio “Chile, panorama de sexualidad y DDHH”, del Instituto de Medicina Social y el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos humanos “En el año 2000 las complicaciones derivadas del aborto clandestino causaron la cuarta parte de las muertes maternas, ubicándolo como primera causa de muerte materna en Chile”.
Los egresos hospitalarios de mujeres que debieron acudir a un centro de salud por problemas derivados de un aborto suman entre los años 2001 a 2005 más de 160 mil, según el informe del Ministerio de Salud del 2007.
Salud pública y justicia social
Frente a esta realidad, Rosa Ferrada, directora del MEMCH (Movimiento pro Emancipador de la Mujer Chilena) dice que la salud estatal no puede seguir negando y criminalizando estas prácticas que ponen en riesgo la salud de las mujeres que se ven obligadas a acudir a abortos ilegales, sin garantías a su integridad física, sólo porque la mentalidad patriarcal y la cultura de la iglesia se opongan, “la sexualidad de las mujeres no puede estar condicionada a los embarazos”.
“En el mundo privado de la salud los abortos se hacen a diario y cuestan caros. Hablamos de justicia social porque no todas las mujeres pueden pagarlos, son las mujeres con menos recursos las que están totalmente desprotegidas”. Rosa agrega que antes las mujeres se hacían “remedio” porque no podían tener hijos cada vez que se embarazaban y no era mal visto porque es parte de la sabiduría femenina “Hoy el derecho a decidir si se hacen o no un aborto es un derecho de las que pueden pagarlo, el aborto hoy día en Chile es un derecho de clase”.
Adriana Gómez, miembro de la Articulación Feminista, explica que no se trata de fomentar el aborto, sino de que las mujeres que deciden libremente no tener hijos puedan hacerlo de manera segura. “La legislación punitiva es un rotundo fracaso, porque no hace que los abortos disminuyan, sino que obliga a buscar una solución en el mercado negro, exponiendo la salud y vida de mujeres mayoritariamente de escasos recursos y de zonas rurales”.
El derecho de las mujeres sobre su sexualidad y reproducción es quizás lo que más cuesta comprender, porque a este argumento se enfrenta el derecho a la vida del que está por nacer. Adriana explica que la discusión sobre cuando surge la vida es eterna, filosófica, ontológica incluso y que no es la iglesia la que debe imponer sus creencias, no para las políticas públicas de un Estado que se define laico.
Aborto terapéutico
El derecho a abortar cuando corre peligro la vida de la madre o el feto presenta serios daños o malformaciones, existió en Chile desde 1931 hasta 1989, cuando la dictadura en directo acuerdo con jerarcas de la iglesia, lo eliminaron del Código Sanitario.
Karen Espíndola, protagonista de uno de los casos emblemáticos en esta materia, se encuentra hoy preparando una demanda contra el Estado de Chile. “Mi historia no es única, sé que hay muchas mujeres que han pasado por esto, pero el dolor es tan grande que muchas callan”, dice antes de contarnos su historia.
“Cuando supe que estaba embarazada, feliz comencé a hacerme todos los exámenes de rigor hasta que a las doce semanas se detectó por ecografías que mi hijo tenía una grave malformación cerebral llamada holoprosencefalia, que en los casos más graves causa la muerte intrauterina del feto. Si no moría, mi hijo sí o sí nacería con importantes malformaciones, buscando información encontré niños con dos cabezas y casos realmente traumáticos, por lo que decidí, por mí y por la calidad de vida del niño, que abortaría. Fue entonces que descubrí que Chile es de los pocos lugares en el mundo donde el aborto para estos casos está prohibido.
Comencé en ese momento una lucha por mi derecho a abortar, ahí me contactaron diversas agrupaciones de mujeres que entendían mi caso y enviamos cartas a medios de comunicación y a las autoridades, pero nadie, ni siquiera la entonces presidenta y doctora Michelle Bachelet, respondieron a mis demandas. Mi embarazo fue un calvario, recuerdo que me llamaron de un parque ofreciendo una tumba para mi hijo.
Hoy, mi hijo está vivo, pero sufre mucho. Su vida es totalmente limitada, tiene enfermedades crónicas, se alimenta por un tubo gástrico, tiene tetraplejia, epilepsia, problemas hormonales, laringomalacia y reflujo. El Estado me obligó a tener a mi hijo, avalados en el derecho a la vida, pero yo pregunto ¿qué entienden por vida? Yo creo que deben tener una vida digna y Chile es un país que no se hace cargo de estos niños.
Las enfermedades que tiene mi hijo no están cubiertas por el auge, las isapres no lo aceptan y no puede optar a una pensión por discapacidad porque yo gano más del sueldo mínimo. Entonces, pienso que el Estado protege la vida del que está por nacer, pero una vez nacido, Chile no cuenta con las condiciones para darles dignidad. Tengo licencia para mi trabajo desde mi embarazo, sin embargo el Compin me ha rechazado algunas, ahora por ejemplo hace tres meses que no recibo sueldo.
Este es un país hipócrita, los abortos se hacen a quienes pueden pagarlos, yo amo a mi hijo, pero si me preguntan hoy día si hubiese abortado, mi respuesta es sí, porque es un martirio vivir el sufrimiento de un hijo, pasar por la pésima calidad de salud que entrega el sistema público y cada vez que necesita algo tener que pelear para conseguirlo, desde febrero que no me dan hora para una operación que le urge.
Debe legislarse para que las mujeres que creemos justificada la interrupción del embarazo basado en argumentos sinceramente humanitarios en relación con el sufrimiento de estos niños y, considerando la injustificada carga emocional para las madres, tengamos un trato digno. La ropa usada que me regaló la organización pro vida Chile Unido, sinceramente no sirve”.
El aborto como derecho
El día por la despenalización del aborto en América Latina, Amnistía Internacional publicó un documento en el que se une a esta campaña y llama a todos los gobiernos del continente a mostrar con acciones concretas su voluntad política hacia el respeto y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas de la región, y despenalizar el aborto con urgencia, aludiendo a que “Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que arriesga su vida y salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo”.
