
Esta es la historia de un pueblo que vive encerrado por un muro que atraviesa el desierto, pero que continúa de pie luchando por su libertad y derecho a la autodeterminación.
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se fundó el 27 de febrero de 1976, posterior a la descolonización española. Aún cuando su territorio, conocido también como el Sahara Occidental fue ocupado por los países vecinos Marruecos y Mauritania, dadas las altas riquezas en recursos naturales que posee, entre los que cuenta uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo o el alto contenido de minerales como petróleo y fosfato.
Mauritania se retiró el año 1979, tras los continuos enfrentamientos con el Frente Polisario, movimiento político-militar del pueblo saharaui, y desde entonces, toda la costa, aproximadamente un 70% de la RASD es administrada ilegalmente por el Reino de Marruecos, quien reclama derechos ancestrales en la zona, pese a que el Tribunal Internacional de la Haya estableció en el `75 que no existían vínculos de soberanía que pudieran afectar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
Por su parte, a partir del año 1978 Marruecos comenzó a sitiar las ciudades más pobladas del Sahara Occidental con muros de arena de aproximadamente 5 metros de alto. Posteriormente rodeó los yacimientos de fosfato y en el año 1980 comenzó a construir lo que hoy se conoce como el “Muro de la vergüenza”, que atraviesa el Sahara de norte a sur, teniendo una extensión superior a los 2.700 km. de largo, resguardado con sofisticada tecnología de radares, bases militares y minas antipersonas.
El muro, según señala Mohamed Larossi, Embajador Saharaui en Misión en Chile, es custodiado por más de cien mil militares e implica un costo diario de mantención y seguridad que supera el millón de euros por día. “Este muro, construido con asesoría y financiamiento de Israel, constituye un crimen contra la humanidad cobrando la vida de miles de inocentes y desafiando todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
A pesar del muro, la vida
Larossi, explica que a pesar del sufrimiento que la ocupación marroquí ha causado en el pueblo saharaui, la vida allí es ejemplo de dignidad y superación. “Nuestro Estado ha desplegado colosales esfuerzos con el fin de cubrir las necesidades básicas a los ciudadanos en salud, alimentación, vivienda, transporte, agua potable, educación y cultura, al tiempo que ha venido implementado programas específicos de juventud y para la promoción de la mujer.
Organismos internacionales consideran que nuestra población disfruta de uno de los mayores niveles de educación y mejor acceso a la sanidad en el continente Africano y las mujeres alcanzan de lejos, niveles de emancipación y participación social y política sin comparación en todo el mundo árabe y musulmán”.
Contexto internacional: deudas y desafíos
El año 1991, en el marco del Plan de Arreglo impulsado por la Asamblea General y el Consejo de Naciones Unidas, Marruecos y la RASD acordaron la realización de un referéndum para la autodeterminación del Sahara Occidental, sin embargo a más de veinte años este no se ha realizado, según Larossi, por los intereses marroquíes que “distan de los derechos y la democracia y también por la incapacidad de la ONU en imponer la aplicación del acuerdo”.
A su vez, enfatiza el Embajador, el alto al fuego decretado en 1991 en la zona, fue violado por Marruecos en noviembre pasado, cuando más de veinte mil saharauis, entre ellos niños y adultos mayores, decidieron salir de una de las ciudades ocupadas y asentaron sus campamentos en otra localidad, “exigiendo el derecho a la libertad de asociación y circulación en el Estado, disfrutar de sus riquezas naturales, reivindicaciones económicas y sociales justas, etc. en un contexto pacífico, que fue sorpresiva y brutalmente asaltado por los militares marroquíes quienes bombardearon el campamento. Quedando más de trescientas personas detenidas, más de seiscientos desaparecidos y un número incalculable de heridos y de muertos”.

En la actualidad la Cámara de Diputados de Chile se ha pronunciado en tres ocasiones para que el Gobierno, por un lado implemente el acuerdo ya tomado de establecer dichas relaciones y para que también se exprese a nivel internacional, en los distintos organismos de los que forma parte, la preocupación y condena a las violaciones de los distintos derechos que ocurren en esa zona.
Victoria Lozano.