Esta es la historia de un pueblo que vive encerrado por un muro que atraviesa el desierto, pero que continúa de pie luchando por su libertad y derecho a la autodeterminación.
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se fundó el 27 de febrero de 1976, posterior a la descolonización española. Aún cuando su territorio, conocido también como el Sahara Occidental fue ocupado por los países vecinos Marruecos y Mauritania, dadas las altas riquezas en recursos naturales que posee, entre los que cuenta uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo o el alto contenido de minerales como petróleo y fosfato.
Mauritania se retiró el año 1979, tras los continuos enfrentamientos con el Frente Polisario, movimiento político-militar del pueblo saharaui, y desde entonces, toda la costa, aproximadamente un 70% de la RASD es administrada ilegalmente por el Reino de Marruecos, quien reclama derechos ancestrales en la zona, pese a que el Tribunal Internacional de la Haya estableció en el `75 que no existían vínculos de soberanía que pudieran afectar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
Por su parte, a partir del año 1978 Marruecos comenzó a sitiar las ciudades más pobladas del Sahara Occidental con muros de arena de aproximadamente 5 metros de alto. Posteriormente rodeó los yacimientos de fosfato y en el año 1980 comenzó a construir lo que hoy se conoce como el “Muro de la vergüenza”, que atraviesa el Sahara de norte a sur, teniendo una extensión superior a los 2.700 km. de largo, resguardado con sofisticada tecnología de radares, bases militares y minas antipersonas.
El muro, según señala Mohamed Larossi, Embajador Saharaui en Misión en Chile, es custodiado por más de cien mil militares e implica un costo diario de mantención y seguridad que supera el millón de euros por día. “Este muro, construido con asesoría y financiamiento de Israel, constituye un crimen contra la humanidad cobrando la vida de miles de inocentes y desafiando todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.
A pesar del muro, la vida
Larossi, explica que a pesar del sufrimiento que la ocupación marroquí ha causado en el pueblo saharaui, la vida allí es ejemplo de dignidad y superación. “Nuestro Estado ha desplegado colosales esfuerzos con el fin de cubrir las necesidades básicas a los ciudadanos en salud, alimentación, vivienda, transporte, agua potable, educación y cultura, al tiempo que ha venido implementado programas específicos de juventud y para la promoción de la mujer.
Organismos internacionales consideran que nuestra población disfruta de uno de los mayores niveles de educación y mejor acceso a la sanidad en el continente Africano y las mujeres alcanzan de lejos, niveles de emancipación y participación social y política sin comparación en todo el mundo árabe y musulmán”.
Contexto internacional: deudas y desafíos
El año 1991, en el marco del Plan de Arreglo impulsado por la Asamblea General y el Consejo de Naciones Unidas, Marruecos y la RASD acordaron la realización de un referéndum para la autodeterminación del Sahara Occidental, sin embargo a más de veinte años este no se ha realizado, según Larossi, por los intereses marroquíes que “distan de los derechos y la democracia y también por la incapacidad de la ONU en imponer la aplicación del acuerdo”.
A su vez, enfatiza el Embajador, el alto al fuego decretado en 1991 en la zona, fue violado por Marruecos en noviembre pasado, cuando más de veinte mil saharauis, entre ellos niños y adultos mayores, decidieron salir de una de las ciudades ocupadas y asentaron sus campamentos en otra localidad, “exigiendo el derecho a la libertad de asociación y circulación en el Estado, disfrutar de sus riquezas naturales, reivindicaciones económicas y sociales justas, etc. en un contexto pacífico, que fue sorpresiva y brutalmente asaltado por los militares marroquíes quienes bombardearon el campamento. Quedando más de trescientas personas detenidas, más de seiscientos desaparecidos y un número incalculable de heridos y de muertos”.
En este escenario, el Gobierno Saharaui viene impulsando hace años el reconocimiento internacional de su Estado, como una manera de establecer relaciones y también para ejercer presión por la vía diplomática para recuperar sus territorios.En la actualidad la Cámara de Diputados de Chile se ha pronunciado en tres ocasiones para que el Gobierno, por un lado implemente el acuerdo ya tomado de establecer dichas relaciones y para que también se exprese a nivel internacional, en los distintos organismos de los que forma parte, la preocupación y condena a las violaciones de los distintos derechos que ocurren en esa zona.
Victoria Lozano.