Consumidores preparan demanda contra empresas eléctricas
por Victoria Lozano, Diario Uno
El cambio de medidores por las nuevas “cajas digitales y masivas” instaladas en comunas periféricas, ha originado cobros que triplican el promedio de consumo de algunos usuario, y toda otra serie de irregularidades que nos explican Héctor Jara, dirigente de la Agrupación por los Derechos de Consumidores Metropolitanos (AGRUDECOM) y Elizabeth Padilla, miembro de la organización que prepara una demanda colectiva para que se indemnice a los consumidores afectados
“Nuestra organización nace por los constantes abusos que realizan las empresas que controlan el suministro del servicio básico eléctrico”, señala Elizabeth, recordando específicamente los cobros que dejaron de realizarse por tres meses y que concluyeron en un gran cobro único que sumaba el total de las tres cuentas, producto del cambio de la plataforma computacional que en ese periodo realizaron las empresas eléctricas CGE distribución y CONAFE, que derivó en una serie de errores en el proceso de facturación.
Frente a las denuncias realizadas por este grupo de consumidores apoyados por el entonces diputado radical Alejandro Sule, la principal agencia pública encargada de supervigilar el mercado de la energía, SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) multó a las empresas y las obligó a dar facilidades de pago a los usuarios afectados.
Hasta aquí el organismo público actuó en concordancia a sus obligaciones, sin embargo, lo que hoy convoca a la AGRUDECOM, según detalla Héctor Jara , es un hecho que espera el dictamen de Contraloría General de la República, por la denuncia de abandono de deberes en un acto de la SEC que merece atención.
Medidores digitales y la “buena fe” de las empresas eléctricas
A comienzos del 2008 Chilectra y CGE procedieron a retirar medidores en las comunas de San Joaquín, La Pintana, La Granja, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Renca y Huechuraba, para instalar equipos de medición digital, conocidos como “medidores en postes con display”. Como consecuencia, los clientes afectados sufrieron de forma generalizada importantes alzas en sus cuentas de electricidad, que no dicen relación con sus patrones históricos de consumo.
Estos nuevos medidores fueron instalados sin contar con la previa revisión, calibración, sellado y certificación que obliga la Ley General de Servicios Eléctricos, en su artículo 124. Al no cumplir estos medidores con las exigencias mínimas establecidas en la legislación vigente, Jara enfatiza que los cobros y facturaciones efectuadas por estas empresas carecerían de toda validez, pues no cuentan con las garantías legales que respalden un debido proceso para los clientes.
Frente a esta situación, la SEC estaría obligada, según el Art. 6 del Reglamento de Sanciones en materias de electricidad y combustibles, a castigar la puesta en servicio de instalaciones eléctricas que no cuenten con la certificación estipulada. Sin embargo, y aquí la razón de la solicitud del dictamen de la Contraloría General de la República, interpuesto por el abogado Matías Coll y AGRUDECOM: la SEC dejó impune este proceder ilegal de las empresas.
El oficio Circular 4793, instructivo dictado por la SEC en agosto de 2009, constata el incumplimiento legal por parte de las empresas eléctricas, pero a pesar de la gravedad de estas infracciones que reconoce el organismo fiscalizador, la Superintendencia comunicó en este mismo documento que resolvía no perseguir responsabilidades contra las empresas infractoras argumentando que las “ anomalías” detectadas provendrían de un “error de interpretación” en que estas habrían incurrido “de buena fe”.
A nuestro juicio, concluye el dirigente por los derechos de los consumidores, no corresponde llamar anomalía a lo que es certeramente una flagrante infracción a la ley. Y considerar, sin argumento alguno, la buena fe de estas empresas es a lo menos irrisorio. ¿Qué error de interpretación puede haber en el artículo 124?, se pregunta Jara.
“La SEC evitó tramitar el reclamo que se desprendía de la ilegalidad en que incurrieron Chilectra y CGE, dejando de ejercer su potestad y obligación sancionatoria. Esto es sumamente grave, en la medida que afecta a las personas que tienen que vivir con la amenaza de corte, con las cobranzas judiciales a cuestas, o pagando cuentas abusivas”, dice Elizabeth.
Por su parte CGE distribución, informó a Diario Uno que desde hace diez años vienen utilizando estos medidores digitales, que “tienen como ventaja su estabilidad, bajo costo, permitir aplicaciones tarifarias mediante software, no se ven afectado por elementos externos como polvo, vibraciones etc.” Y que no existen desventajas que sean significativas.
Ni un abuso más
Héctor Jara dice no pretender que se les regale nada, pero que tampoco están dispuesto a pagar los abusos de estas empresas, que como informara el economista Claudio Lara en Diario Uno la semana del 9 de agosto, “Chile tiene hoy la electricidad más cara de América Latina, no sólo en cuanto a los precios de generación, sino también en las cuentas que pagan las personas mes a mes. Incluso superaríamos en precios a Estados Unidos”.
El citado artículo concluye que “No contentos con los privilegios y rentas obscenas, los conglomerados eléctricos además minimizan sus inversiones, continúan externalizando tareas, despidiendo trabajadores y profundizando la precarización laboral. Tampoco realizan los mantenimientos necesarios para abaratar costos y se sobreexplota la red al máximo de su capacidad técnica. Un reciente estudio del Centro de Despacho Económico de Carga del SIC –organismo empresarial que coordina la operación del sistema eléctrico detectó 13 tramos sin capacidad suficiente para transportar la energía que se necesitará en los próximos años. Ello demuestra la urgencia de nuevas inversiones. Esta vulnerabilidad en el principal tendido eléctrico del país, no es un eventual problema futuro. El pasado miércoles 28 de julio el SIC sufrió la tercera falla en menos de diez días y la cuarta en cuatro meses, dejando sin luz a gran parte del país”.
Mientras tanto, AGRUDECOM, se encuentra a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, para continuar sus acciones reivindicativas de los derechos de consumidores, esta vez exigirán a las empresas eléctricas la indemnización colectiva de todos los afectados.
Comparte este artículohttp://www.diariouno.cl/?p=5133
