CRISIS NUCLEAR EN JAPÓN Y LECCIONES PARA CHILE

Comunicado de prensa Viernes 18 de marzo de 2011 CHILESUSTENTABLE

Especialistas académicos, políticos y analistas, entregaron información sobre catástrofe nuclear en Japón y la vulnerabilidad de Chile ante esta opción de generación eléctrica. Rechazaron firma de Memorando de entendimiento nuclear, entre Chile y Estados Unidos.

El físico premio nacional de ciencias, Miguel Kivi, el Senador por la XI región, Antonio Horvath, el analista internacional Raúl Sohr y la directora del Programa Chile Sustentable Sara Larraín, informaron sobre la verdadera magnitud del accidente nuclear de Japón
Miguel Kiwi explicó que las explosiones del reactor nuclear de Fukushima en Japón puede fundirse liberando Plutonio al ambiente si llega quedar sin agua. “El Plutonio tiene una vida media de 5 millones de años, lo que quiere decir que nos expone a nosotros y a las generaciones futuras y al resto de la humanidad que habitara en el futuro el planeta a ser contaminados”, dijo Kiwi.

“A consecuencia de la catástrofe nuclear de Japón, la tendencia mundial ha sido a frenar las decisiones en el ámbito nuclear. China, Alemania, Suiza y Venezuela, entre otros, han paralizado la construcción de nuevas centrales atómicas, iniciando procesos urgentes de revisión exhaustiva de sus instalaciones”, explicó Raul Sohr. Agregó que esto último -entre otros motivos- se debe a que “las compañías aseguradoras no quieren hacerse cargo del nivel de riesgos que conlleva esta tecnologia, ya que no serían capaces de cubrir los daños a la salud que podría ocasionar una crisis nuclear. Por ello hoy el desarrollo de la nucleoelectricidad, esta siendo financiado por el Estado”.

Llevando el tema a un plano local, Sohr señaló que: “Tomando en cuenta el interés de la gran minería por conseguir energía, no sorprende que el biministro de ambas carteras, viaje a Francia junto a uno de los principales empresarios mineros como es el señor Luksic, para evaluar la opción nuclear”.

Para el senador Antonio Horvath –quien centró su exposición en el potencial de las energías renovables no convencionales en Chile y la necesidad de una nueva matriz energética- no es viable la idea de hacer un plebiscito en materia nuclear, ni tampoco tomar decisiones en base a encuestas públicas. “Lo que se tiene que hacer es un análisis sistemático y riguroso que no debe tomarse a la ligera y luego realizar una discusión y votación democrática” dijo.

La ecologista Sara Larrain, indicó la inconveniencia política de la firma del acuerdo nuclear de Chile con Estados Unidos, destacando que con ello, Chile no sólo peca de incoherente, al ir en dirección contraria a las acciones de moratoria nuclear que tomó la comunidad internacional, sino que “se presta para legitimar a una industria nuclear irresponsable en el peor momento de su historia, y dando la espalda a las legitimas preocupaciones ciudadanas que le piden poner freno al desarrollo nuclear”.

Presos Políticos MAPUCHE en huelga de hambre

CÁRCEL DE LEBU, 15 DE MARZO 2011

Los presos políticos mapuche, miembros de la CAM, prisioneros en la Cárcel de Lebu, frente a nuestra actual situación, comunicamos a la Nación Mapuche y a la opinión pública internacional lo siguiente:

1. Es de amplio conocimiento el extenso proceso investigativo y judicial que se ha desarrollado en contra nuestra y de otros 13 hermanos, bajo la Ley Antiterrorista, cuyo resultado ha sido una condena política a cuatro militantes de la CAM.

2. Que el Tribunal Oral de Cañete ha arribado a dicha condena basado, únicamente, en declaraciones de un testigo secreto y de testigos de oídas, es decir, con estándares de prueba inaceptables en cualquier otro lugar mundo.

3. Que por lo tanto, al no haber tenido un debido proceso y como resultado de ello, arriesgar altas penas de cárcel, hemos decidido iniciar una huelga de hambre liquida, de carácter indefinida, hasta el logro de nuestras demandas:

DEBIDO PROCESO Y JUICIO JUSTO

SIN UTILIZACION DE TESTIGOS SECRETOS, SIN LEY ANTITERRORISTA.

NULIDAD DEL JUICIO ORAL

SER JUZGADOS POR UN TRIBUNAL COMPETENTE E IMPARCIAL

FIN AL DOBLE PROCESAMIENTO EN LA JUSTCIA CIVIL

TRASLADO A LA CARCEL DE ANGOL y

CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS.

JOSE HUENUCHE REIMAN
JONATHAN HUILLICAL MENDEZ
RAMON LLANQUILEO PILQUIMAN
HECTOR LLAITUL CARRILLANCA

Saharauis celebran 35 años de independencia y lucha

En el noreste de África, el año 1976 el pueblo Saharaui logró, encabezado por el Frente Polisario, la descolonización de España. Sin embargo, esto no significó la paz para este pueblo musulmán de habla hispana, sino que la expropiación y ocupación de gran parte de su territorio por parte de Marruecos.
Esta es la historia de un pueblo que vive encerrado por un muro que atraviesa el desierto, pero que continúa de pie luchando por su libertad y derecho a la autodeterminación.

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se fundó el 27 de febrero de 1976, posterior a la descolonización española. Aún cuando su territorio, conocido también como el Sahara Occidental fue ocupado por los países vecinos Marruecos y Mauritania, dadas las altas riquezas en recursos naturales que posee, entre los que cuenta uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo o el alto contenido de minerales como petróleo y fosfato.

Mauritania se retiró el año 1979, tras los continuos enfrentamientos con el Frente Polisario, movimiento político-militar del pueblo saharaui, y desde entonces, toda la costa, aproximadamente un 70% de la RASD es administrada ilegalmente por el Reino de Marruecos, quien reclama derechos ancestrales en la zona, pese a que el Tribunal Internacional de la Haya estableció en el `75 que no existían vínculos de soberanía que pudieran afectar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.

Por su parte, a partir del año 1978 Marruecos comenzó a sitiar las ciudades más pobladas del Sahara Occidental con muros de arena de aproximadamente 5 metros de alto. Posteriormente rodeó los yacimientos de fosfato y en el año 1980 comenzó a construir lo que hoy se conoce como el “Muro de la vergüenza”, que atraviesa el Sahara de norte a sur, teniendo una extensión superior a los 2.700 km. de largo, resguardado con sofisticada tecnología de radares, bases militares y minas antipersonas.

El muro, según señala Mohamed Larossi, Embajador Saharaui en Misión en Chile, es custodiado por más de cien mil militares e implica un costo diario de mantención y seguridad que supera el millón de euros por día. “Este muro, construido con asesoría y financiamiento de Israel, constituye un crimen contra la humanidad cobrando la vida de miles de inocentes y desafiando todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

A pesar del muro, la vida
Larossi, explica que a pesar del sufrimiento que la ocupación marroquí ha causado en el pueblo saharaui, la vida allí es ejemplo de dignidad y superación. “Nuestro Estado ha desplegado colosales esfuerzos con el fin de cubrir las necesidades básicas a los ciudadanos en salud, alimentación, vivienda, transporte, agua potable, educación y cultura, al tiempo que ha venido implementado programas específicos de juventud y para la promoción de la mujer.

Organismos internacionales consideran que nuestra población disfruta de uno de los mayores niveles de educación y mejor acceso a la sanidad en el continente Africano y las mujeres alcanzan de lejos, niveles de emancipación y participación social y política sin comparación en todo el mundo árabe y musulmán”.

Contexto internacional: deudas y desafíos
El año 1991, en el marco del Plan de Arreglo impulsado por la Asamblea General y el Consejo de Naciones Unidas, Marruecos y la RASD acordaron la realización de un referéndum para la autodeterminación del Sahara Occidental, sin embargo a más de veinte años este no se ha realizado, según Larossi, por los intereses marroquíes que “distan de los derechos y la democracia y también por la incapacidad de la ONU en imponer la aplicación del acuerdo”.

A su vez, enfatiza el Embajador, el alto al fuego decretado en 1991 en la zona, fue violado por Marruecos en noviembre pasado, cuando más de veinte mil saharauis, entre ellos niños y adultos mayores, decidieron salir de una de las ciudades ocupadas y asentaron sus campamentos en otra localidad, “exigiendo el derecho a la libertad de asociación y circulación en el Estado, disfrutar de sus riquezas naturales, reivindicaciones económicas y sociales justas, etc. en un contexto pacífico, que fue sorpresiva y brutalmente asaltado por los militares marroquíes quienes bombardearon el campamento. Quedando más de trescientas personas detenidas, más de seiscientos desaparecidos y un número incalculable de heridos y de muertos”.

En este escenario, el Gobierno Saharaui viene impulsando hace años el reconocimiento internacional de su Estado, como una manera de establecer relaciones y también para ejercer presión por la vía diplomática para recuperar sus territorios.

En la actualidad la Cámara de Diputados de Chile se ha pronunciado en tres ocasiones para que el Gobierno, por un lado implemente el acuerdo ya tomado de establecer dichas relaciones y para que también se exprese a nivel internacional, en los distintos organismos de los que forma parte, la preocupación y condena a las violaciones de los distintos derechos que ocurren en esa zona.

Victoria Lozano.

A un año del terremoto construimos nuestra unidad y dignidad

ACTO POPULAR

Sábado 26 de febrero de 2011 a las 15.30 hrs, Estadio El Morro, Talcahuano.

A un año de la catástrofe natural que estremeció los cimientos de nuestra patria y afectó a miles de familias de nuestro pueblo trabajador, convocamos a este Acto Popular para sumar fuerza, demostrar nuestra dignidad, así como también para fortalecer nuestra moral y poder.

Hemos demostrado coraje, valentía y solidaridad en épocas de rigor, sigamos demostrándolo, nada ni nadie nos detendrá. Sabemos que no hay otra opción, la “reconstrucción” se abocó a facilitar los negocios de los grandes empresarios, sin embargo, nuestras familias continúan con problemas sanitarios, desocupación y sometidos a la burocracia estatal. La realidad es clara: el terremoto y maremoto damnificó a cerca del millón de personas, quienes aún, en su mayoría, viven en campamentos y sin certeza de cuándo terminará esta pesadilla que ya no conduce la naturaleza, sino el gobierno.

Chile tembló y sigue temblando para los políticos y burócratas, el remezón también movió las conciencias en nuestro pueblo. La falta de agua y de alimentos, la preocupación por la supervivencia de la familia, llevó a nuestra gente, en esas horas de angustia, a recrear lo conocido. Los líderes auténticos, honestos, salidos del pueblo, volvieron a tomar su lugar, las poblaciones se organizaron, comenzó el control territorial, las ollas comunes, los jóvenes se foguearon a la luz de las hogueras. Los carabineros y militares colaboraron, a pesar de todo, en ese empeño. No se convirtieron en los fusiladores que reclamaba la clase alta y algunos mandos. Estos hombres no pudieron evitar sentir como propio el dolor de los pobladores.

Hoy al igual que en aquellos días se hace necesario ejercer ese poder popular, fortalecer la unidad con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos y familiares, luchar y difundir nuestras demandas como pueblo, las cuales por sobre todo son simples: solo queremos vivir de acuerdo a nuestro trabajo y dignidad. Debemos ayudar a resolver los problemas con nuestra independencia como trabajadores y autogestión, y llevar el mensaje de la unidad a todas partes. Ha llegado la hora de hacer sentir nuestra voz, debemos crear un programa que represente la unidad de todas y todos, el que debe cumplirse con nuestro esfuerzo y lucha mancomunada y bajo un gran movimiento político - social. Ha llegado la hora de cambiarlo todo, el estado actual de las cosas no nos sirve y no queremos esperar más.

¡Por el sacrificio de nuestros padres, por el futuro de nuestros hijos!


Organiza: Partido de lo Trabajadores.
Convocan: Junta de Vecinos El Morro, Comité de Pobladores Centinela II, Coordinadora de Pobladores de San Pedro de la Paz, Asociación Cultural José Martí, Radio Lorenzo Arenas, Frente de Trabajadores, Movimiento Territorial de Pobladores, Frente de Trabajadores de la Cultura.
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MOVILIZACIÓN:

TEATRO JUDICIAL

Alberto Espinoza Pino
Abogado

El juicio a los comuneros mapuche acusados de terroristas está a punto de consumar una farsa judicial.

Después de varios meses y de prolongadas y burdas audiencias, se fue configurando la “mise en escene” (puesta en escena), el lugar: la sala de audiencias del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Cañete, los actores: los jueces, los fiscales del Ministerio Público, los abogados querellantes representantes de las empresas forestales, los abogados del Estado de Chile representando al Ministerio del Interior, la policía de carabineros e investigaciones, que participaron como testigos y peritos, y como actores estelares los testigos secretos y los paniaguados de las forestales, y desde luego, los carceleros de gendarmería para garantizar el orden en la sala y el despliegue escénico de los actores.

Todos ellos, sin excepción, de manera coordinada y armónicamente desplegaron en el escenario público y ante la presencia de observadores internacionales y nacionales una serie de actuaciones con la retórica de juglares, conjugando con habilidades mas bien bufonescas los distintos géneros teatrales: la comedia, el drama y la tragedia, una extraña mezcla de circo romano y del teatro griego, el vestuario mas bien convencional con algo de siutiquería, ternos grises o azules, a veces a rayas, corbatas con nudos anchos pura seda, rostros serios y circunstanciales, mirada severa e inquisitiva, una solemnidad barata y de poca monta.

El libreto, bien aprendido y monocorde, ni más ni menos que la Ley Antiterrorista, con todas sus letras, párrafos, artículos e incisos, la ley de Pinochet, la ley de la dictadura militar, del gobierno de la Bachelet y de todos los gobiernos de la Concertación, la misma ley de entonces, de aquellos tiempos oscuros aplicada ahora con toda su catadura, la que prohíbe la libertad provisional, la que permite la interceptación de las comunicaciones, la de los informantes, sapos y soplones, la que permite detener sin formalizar cargos por diez días, la que permite conjuntamente con la prisión preventiva otras medidas cautelares, la de los testigos secretos, sin rostro que pueden cambiar posteriormente su identidad y que pueden recibir pagos, o mas elegantemente ser aprovisionados de recursos económicos suficientes para el cambio de domicilio y otras yerbas, la que permite el secreto de la investigación por 6 meses, la que establece una tipificación que lesiona el principio de legalidad, la que desconoce la presunción de inocencia, el derecho a defensa, el debido proceso y el juicio justo.

Las víctimas de la farsa, un grupo de comuneros mapuches encarcelados, que asisten a la puesta en escena esposados, y sus familiares, los que han luchado durante años por sus tierras ocupadas por las forestales, por su cultura, por su dignidad de pueblo, apoyados por abogados que despliegan toda su inteligencia para impedir la flagrancia de una farsa que se consuma de manera continuada, con evidente impunidad.

Que termine la farsa, ya es suficiente con la prolongada prisión preventiva, a desarmar la tramoya, ni terrorismo ni delito común, solo la libertad para todos los presos políticos mapuche, para terminar la obra con un mínimo de dignidad…
Que baje el telón.

Egipto

Egipto en el espejo de la revolución tunecina

por Sarah Ben Néfissa, Investigadora del Instituto de Investigación parael Desarrollo (IRD)

Era en Egipto donde “debía” comenzar la democratización del mundo árabe, la última región del planeta que no vivió una evolución política significativa desde la caída del Muro de Berlín. La aparición, en 2005, del movimiento Kefaya –basado en la reivindicación democrática y el rechazo a la sucesión hereditaria del presidenteHosni Mubarak– y la posterior llegada a la escena política, en 2009,del ex secretario general de la Agencia Internacional de EnergíaAtómica (AIEA) Mohammed El-Baradai fueron percibidos como un aviso. No fue el caso.

¿Por qué cayó el régimen en Túnez y no en El Cairo? Para entenderlo, es necesario volver sobre la relación entre las protestas sociales y las estructuras políticas. Al decir de algunos, la principal diferencia entre ambos países derivaría de la naturaleza particularmente opresiva y policial del régimen de Zine el-Abidine BenAli. Egipto presentaría una versión menos rígida, más inteligente, de la autocracia: allí se puede hablar libremente –en la prensa, la televisión, los blogs– e incluso tomar algunas iniciativas políticas, tal como lo demuestra el desarrollo exponencial de las protestas sociales. Algunos no dejarán de señalar que fue “como consecuencia”del movimiento político lanzado en 2005 que las reivindicaciones sociales en el sector laboral se multiplicaron, sin que se tradujeran sin embargo en el terreno político.Túnez sería el “negativo” de semejante fotografía de Egipto:aparentemente carente de raíces, la revuelta social habría mutado en conmoción política a una velocidad sorprendente, a pesar –o a causa–de la sangrienta represión que intentó sofocarla.

Sin embargo, ambas situaciones reflejan también una extraña similitud.Ninguna fuerza política puede realmente adjudicarse la paternidad dela revolución tunecina. La situación no difiere en Egipto, donde las fuerzas políticas opositoras son ampliamente superadas por las protestas sociales. En ese país, los movimientos reivindicatorios se alían en primer lugar con los diferentes actores mediáticos, los cuales retoman la partitura del poder: dejar hacer, dejar que se escuchen los reclamos, y aceptar retroceder si es necesario. Pero parcialmente.

Así, la clase política egipcia en su conjunto, incluyendo los HermanosMusulmanes, fue sorprendida por el desarrollo de las protestas, no sólo en el sector obrero sino también en los barrios informales (una suerte de villas miseria), para reclamar servicios y equipamiento. Se vieron incluso revueltas de enfermos protestando contra la pésima calidad de los servicios hospitalarios. Sin embargo, la novedad corresponde a otra dimensión. Los sectores de la población más pobres social, cultural y políticamente no son insensibles a los discursos sobre la “sociedad civil”, la “democracia”, los “derechos humanos”, la“ciudadanía”, las “reformas” políticas, que invaden el espacio público desde 2005. La retórica internacional dominante no carece de impacto:da lugar a reajustes y reapropiaciones por parte de los actores más diversos, incluso en las clases populares.Los medios de comunicación se hacen eco del sufrimiento social y difunden las múltiples protestas populares.

Los medios de comunicación se hacen eco del sufrimiento social y difunden las múltiples protestas populares. Representan espacios políticos alternativos frente al cierre casi completo de todos los lugares de expresión política –tal como lo demostró el bloqueo de las elecciones legislativas de noviembre-diciembre de 2010 con lavictoria, por más del 90% del partido del Estado, el Partido NacionalDemocrático (PND)–. En vísperas de esta consulta, los poderes públicos habían iniciado un vasto movimiento de domesticación de los diarios,radios y canales de televisión.

Mucho antes de este cierre mediático, los movimientos reivindicatorios egipcios se desarrollaron de dos maneras. Por un lado, asistieron al aumento de formas de acción violenta: bloqueos de rutas para denunciarlas muertes accidentales provocadas por el mal mantenimiento de las calles en algunos barrios, pero también amenazas de suicidio público que, luego del gesto de Bouazizi, se multiplican. Esta violencia respondía a la pasividad del régimen frente a las demás formas de acción. Confiado en su carácter “no político”, el régimen ya no respondía a los reclamos que no provenían de sectores considerados estratégicos.

Sin embargo, los poderes públicos reaccionaron rápidamente luego de los acontecimientos en Túnez: prórroga de la aprobación del proyecto de ley de reforma de la función pública, contrataciones en el sector público, anuncios de medidas sociales, etc. En cuanto a las autoridades religiosas oficiales, recordaron que el suicidio era un acto de apostasía, lo que contrasta con la opinión matizada del muy popular predicador Youssef Al-Karadhaoui en el canal de televisión satelital Al-Jazeera a propósito de Bouazizi.

Segunda característica del movimiento social egipcio: el aumento de las reivindicaciones que utilizan referentes identitarios o comunitarios. Como los beduinos del Sinaí que se sublevan contra el tratamiento securitario del que son víctimas debido a la proximidad de la región con Israel; o las poblaciones nubias que se quejan de sus condiciones de vida y reclaman las indemnizaciones prometidas por sudesplazamiento al momento de la construcción de la Gran Represa en los años 60. Pero son las protestas coptas –que se produjeron luego del atentado contra la Iglesia de Alejandría la madrugada del 1º de enero de 2011– las que concitan la atención por sus nuevas modalidades.

Según numerosos analistas egipcios, el movimiento social y político tunecino sería más “moderno”, más maduro, más político, porque proviene mayormente de las clases educadas, alfabetizadas: la famosa clase media que habla el lenguaje refinado de los derechos humanos, la libertad, la democracia . ¿Acaso el lenguaje “comunitario” e“identitario” ya no tendría cabida en esta Túnez? No es del todo cierto, existe allí un “comunitarismo regional” de las poblaciones olvidadas por el “milagro tunecino” que constituyen la verdadera punta de lanza de la revolución: un fenómeno que llegó a Gafsa, Sidi Bouzid,Thala, Kasserine, Jendouba, antes de alcanzar los suburbios carenciados de la capital y finalmente la avenida Bourguiba en Túnez.

En Egipto, también el discurso de protesta es diverso. El lenguaje de la moral y la religión caracteriza a los movimientos sociales de los sectores más desfavorecidos, especialmente en los barrios informales,ya que se trata del único lenguaje disponible. En los sectores instruidos, como el de los funcionarios fiscales o los docentes de nivel secundario, el lenguaje de protesta habla de justicia e insiste sobre la naturaleza sectorial y estrictamente social de sus causas. La negación incluso de lo político es un subterfugio de actores que comprendieron los límites que el autoritarismo impone a la acción contestataria.

Del mismo modo, ¿cómo no ver en la protesta de la juventud copta luego del atentado de Alejandría una salida al confinamiento “comunitario”para plantear la “cuestión copta” dentro del espacio público nacional?¿Cómo no percibir el lenguaje de la ciudadanía detrás de la consigna“queremos (que se respeten) nuestros derechos”, lanzada a los representantes del Estado? En Egipto, se asiste a un reclamo de renegociación de las modalidades de la unidad nacional. El“comunitarismo” regional tunecino plantea allí una exigencia similar.

Bouazizi se inmoló con fuego frente a la sede de la gobernación de Sidi Bouzid y fue frente al Ministerio del Interior que se desarrolló la gran manifestación del 14 de enero de 2011. Esta relación con elEstado caracteriza también el espacio de protesta egipcio que se expresa a través de sit-in o concentraciones frente a las sedes de los ministerios, gobernaciones y comisarías. Esta característica común pone de manifiesto el apego de las poblaciones, especialmente las más desfavorecidas, al Estado social posterior a la independencia, que fue en gran medida desmantelado estas últimas décadas.

Pero los movimientos de protesta tunecinos y egipcios se dirigen también al exterior, a la opinión pública internacional, a través de los medios de comunicación. Se trata en este caso de una mutación importante: estamos en presencia de sociedades cada vez más“mundializadas”, que comprendieron que ya no eran prisioneras de los leviatanes árabes y que el exterior no era necesariamente amenazante.

En momentos de “hibridación” de regímenes políticos en el mundo –una teoría que plantea que el marco de la mundialización cuestiona la capacidad de los Estados y tiende a atenuar las distinciones trazadas entre regímenes autoritarios y regímenes democráticos – las protestas en ambos países muestran la hibridación paralela de las formas de acción colectiva y los modos de expresión de lo político. Incluso en los países árabes, la política ya no se reduce a las instituciones. Egipto muestra una situación donde el bloqueo autoritario coexiste con una transformación fundamental de las relaciones entre el Estado y la sociedad . Túnez, por su parte,demostró que la distancia entre la protesta social sectorial y la protesta política no es tan grande.

El caso de los Mapuche

Una cuestión de derecho en Chile
Mireille Fanon-Mendès-France
Rebelión
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Cañete es una pequeña ciudad de la región del Bio-bio y de la Araucana en la que se abre 6 de diciembre de 2010 la primera audiencia reservada a la audición de los testigos protegidos en el marco del proceso iniciado el pasado 8 de noviembre contra 12 militantes o personas cercanas a la CAM juzgadas por actos de “resistencia” llevados a cabo entre 2005 y 2009 con el objetivo de recuperar sus tierras.

Las reivindicaciones de los mapuche
La treintena de militantes mapuche encarcelados en diferentes cárceles de Chile desde abril de 2009 piden:

la liberación del conjunto de los presos políticos mapuche encarcelados en diferentes cárceles de Chile,

la fin de la militarización de las zonas mapuche,

la aplicación plena y total de sus derechos civiles y políticos,

que se deje de recurrir a la llamada ley antiterrorista (ley 18.134) adoptada por la dictadura militar de Pinochet. Tras una larga huelga de hambre, el pasado mes de julio el gobierno anunció que no recurriría más a ella, lo que sigue sin cumplirse,

que no se recurra a la justicia militar para juzgar a civiles (hay que recordar que este recurso a jurisdicciones militares está en contradicción con las reglamentaciones internacionales),

el derecho fundamental a un proceso justo y equitativo ,

la restitución de las tierras mapuche,

el fin de las discriminaciones sociales y políticas de las que son víctimas los mapuche.

Las consecuencias de la desposesión de las tierras mapuche
Los mapuche han sido desposeídos de sus tierras desde principios del siglo XX. El ejército chileno comenzó esta colonización que prosiguió con la de las empresas forestales las cuales hoy ocupan casi íntegramente el territorio mapuche, que en unos años se ha visto reducido ¡de 10.000.000 hectáreas a 500.000!

A estas empresas forestales (que centran toda su producción en el eucalipto y el pino cuyo cultivo erosiona los suelos, las aguas y capas subterráneas, y favorece su contaminación) se añaden la del salmón y el desarrollo del proyecto de las centrales hidroeléctricas, incluido el de la construcción de un aeropuerto regional.

La destrucción generalizada del ecosistema perjudica a la sociedad mapuche tanto en el plano de su vida cotidiana como en el de las estrechas relaciones que mantienen con la cosmogonía y su entorno.

Sin dejar reivindicar el derecho que tienen sobre sus tierras, viven en una pobreza extrema y son víctimas de discriminaciones denunciadas por organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena. La única respuesta de los sucesivos gobiernos chilenos es criminalizar sus reivindicaciones y considerarlos terroristas.

Algunas referencias que competen al marco internacional
Asamblea General
Hay que recordar que ante la dominación colonial y la violencia ejercida sobre los pueblos colonizados, entre ellos el pueblo mapuche, la Asamblea General de la ONU manifestó su convicción de que “... el proceso de liberación es irresistible e irreversible, y que, para evitar graves crisis, hay que poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y de discriminación ”, lo que supone una conminación que deben seguir todos Estados que mantienen a pueblos bajo dominio colonial.

Además, esta misma Asamblea no se privó de proclamar “ el apasionado deseo de libertad de todos los pueblos dependientes y el decisivo papel de estos pueblos en su acceso a la independencia ”.

En lo que concierne al derecho internacional, el pueblo mapuche está en su derecho de reivindicar su derecho a disponer de sí mismo y a disponer libremente de sus recursos naturales. Disponer de sus riquezas significa que no se puede despojar a ningún pueblo de su entorno a beneficio de nadie. Aquí se trata, efectivamente, de la afirmación de que el derecho al medio ambiente y a los que éste produce pertenece y debe pertenecer a los pueblos. Algo de lo que es excluido el pueblo mapuche .

La Carta de las Naciones Unidas

No olvidemos que “Nosotros, pueblos de las Naciones” en la Carta de las Naciones Unidas hemos pedido que se establezcan unas relaciones internacionales basadas esencialmente en la voluntad de “ proclamar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos ”.

Los dos Pactos Internacionales
Esta intención se traduce en la adopción simultánea de dos Pactos relativos uno a los derechos civiles y políticos, y otro a los derechos económicos, sociales y culturales.
Estos dos Pactos tienen un artículo común que hubiera debido comprometer la naturaleza y la forma de las relaciones internacionales si a los gobiernos o a las instituciones internacionales no los movieran los desafíos del poder, de la dominación y del beneficio. No sólo en virtud de este artículo común los pueblos pueden disponer libremente de sí mismos, determinar su estatuto político y garantizar su desarrollo económico, social y cultural , sino que además pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin ser privados de sus propios medios de subsistencia .

Si este Artículo 1 reafirma el derecho de todos los pueblos a disponer de sí mismos, obliga los Estados partes a facilitar la realización de este derecho y a respetarlo, porque el derecho de autodeterminación es una regla del derecho internacional legalmente reconocido, consagrado por la Carta de la ONU como el derecho de todo pueblo a sustraerse a la dominación colonial.
Este derecho debería ser la garantía de una sociedad plural y democrática, según la formulación contenida en la reivindicación a favor de nuevo orden económico internacional de 1974 . No es el caso en lo que concierne al pueblo mapuche.

Efectivamente, el gobierno chileno los discrimina, los criminaliza y los condena aunque el principio inalienable del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos (que forma parte del derecho consuetudinario) consagrado por la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado por la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General precisa que “ todo Estado debe abstenerse de recurrir a cualquier medida de coerción que prive de su derecho a la autodeterminación […]a los pueblos [...] ».

El derecho al desarrollo
La población mapuche a la que se niega la soberanía ve ignorado de facto su derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo, definido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, pone el acento en el desarrollo en tanto que derecho de los pueblos en primer lugar y del individuo en segundo. Con esta Declaración el derecho al desarrollo está en el centro de los derechos humanos y se interesa por la independencia entre los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
Si se considera el desarrollo un derecho de los pueblos, ya sea de los individuos o de las naciones, de ahí se sigue que los gobiernos tienen la obligación de apoyar las políticas que favorecen el desarrollo. Esta obligación implica que los derechos enunciados en la Declaración no pueden se alienados, amputados o suplantados. Este enfoque significa que teniendo en cuenta la interdependencia de los derechos humanos, el derecho al desarrollo necesita un progreso simultáneo hacia la realización de los diferentes derechos (derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales). En esta perspectiva, el derecho al desarrollo sobreentiende que el progreso y las políticas establecidas hacia la realización de un derecho particular no se deben hacer en detrimento del compromiso hacia otras.

Esta concepción de la noción del desarrollo desde el punto de vista de los derechos de los pueblos es el primer añadido calificativo fundamental surgido de la integración de una perspectiva fundada en los derechos humanos al desarrollo. Visto así, la pobreza resultante de las opciones políticas impuestas por los Estados o las instituciones financieras internacionales es “ una violación de los derechos humanos ” .

El tribunal de Cañete
Pero este 6 de diciembre, ante el tribunal del distrito de Canete, hay doce mapuche, en prisión preventiva desde hace 19 meses, que se sientan apretados en un banquillo dispuesto tras los cinco abogados que los representan, dos de ellos designados por el Estado. Ante ellos está el juez; a su derecha, ¡tres fiscales acompañados de uno de los abogados de las compañías forestales!
El juez confirma que durante los próximos días se escuchará a testigos “protegidos”. Salen todos los mapuche, excepto Victor Llanquileo que es cuestionado directamente por el primer testigo.
Audición del testigo 23

Esta primera audición permite asistir a una parodia de justicia. Durante el interrogatorio de los testigos (se escuchará a cuatro en dos días) el único objetivo del fiscal y de la acusación era demostrar que estos doce militantes son terroristas que montaron una empresa del crimen organizado. Este interrogatorio es una auténtica mascarada. Las pruebas aportadas por este testigo son tan vagas y no personalizadas que podrían concernir a cualquier otro acusado. El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación.

Cuando un abogado de la defensa pone de relieve una contradicción en su testimonio, el juez orienta de nuevo las respuestas del testigo.

Durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el testigo. Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡este elemento simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.

La acusación deslegitima cada pregunta hecha por los abogados de la defensa con el pretexto de que podría permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida, y ello fueran cuales fueran los elementos a los que se refiriera la pregunta.

Audición del testigo 25
Este testigo padece un problema de oído lo que obliga a suministrarle un casco suplementario.La defensa trata de saber si este testigo ha reconocido a alguien porque no parece saber de quién se habla. Confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista) aunque durante su declaración había confesado todo lo contrario.

Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, lo que le había hecho cuando tuvieron lugar los hechos. Ante tantas imprecisiones la acusación trata de reencauzarla precisando al testigo que leyó su declaración y la firmó ¡con una cruz! Afirma a la defensa que no ha leído su declaración del 14 de enero de 2009, no sabe siquiera si la ha visto impresa, ni siquiera si ha oído el ruido de la impresora.

Audición del testigo 26
La defensa se extraña de no haber tenido acceso al testimonio de este testigo y precisa que este último no se puede tener en cuenta puesto que él mismo participó en los actos por los que son juzgados los acusados, pero el fiscal afirma que este testigo es apto para ser escuchado y precisa que él es libre de integrar los elementos que juzgue pertinentes para llevar a cabo su acusación.
Para apuntalar mejor su “derecho”a integrar los elementos que juzgue pertinentes y asegurar mejor la credibilidad de este testigo, el fiscal orienta sus respuestas, incluso las sugiere.
Durante el contra interrogatorio de la defensa ésta señala el hecho de que el testigo
ha firmado una declaración en la que no dice la verdad,
tras esta declaración ha obtenido su liberación y una reducción de la pena,
fue detenido por los hechos incriminados,
no se acuerda de nada de la declaración del 9 de abril en la que mintió a propósito de la identificación de una persona,
confiesa no conocer a las personas que reconoció en una foto.

El fiscal, ayudado por el juez, rechazó todas estas observaciones con el pretexto de que responder a ellas permitiría identificar al testigo y pondría su vida en peligro. La defensa poseía unos elementos, que proporcionaban una nueva prueba, que permitían deslegitimar a este testigo ya que durante su servicio militar en 2004 fue acusado de robos y tuvo que abandonar su unidad.
Por toda respuesta el fiscal afirma que la defensa no deja de intimidar al testigo para obtener su retractación. Añade que la defensa carece de anticipación porque hubiera debido pensar en producir una nueva prueba. Durante el protocolo de acuerdo la defensa no había aceptado pedir una nueva prueba, por tanto esta información no se puede tener en cuenta. Tres testigos, tres momentos de denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia.

Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa organizada por el fiscal .
Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo. Todas las decisiones tomadas para no permitir a la defensa obtener una respuesta se basan en elementos reprensibles.

Desde ese momento, la defensa estaría habilitada para pedir que la decisión fuera examinada por un tribunal de apelación, que debería basarse en la norma del abuso de poder judicial discrecional para proceder a la revisión judicial. En efecto, el poder judicial discrecional se debe ejercer equitativa, sabia e imparcialmente, a falta de lo cual la decisión tomada en primera instancia correría el fuerte riesgo de ser invalidada debido al abuso de poder judicial discrecional .
El juez formuló estos desagradables comentarios y dio muestras de una flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados.

Hay que denunciar, además, el hecho de que la mayoría de las comunicaciones concernientes a los testigos se transmitieron muy tardíamente a los abogados, traba suplementaria para su trabajo y el derecho a la defensa.

El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron unas declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizado ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción.

También hay que añadir que, como funcionarios de la justicia chilena, tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo.
El objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional. Estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos tanto en Estados Unidos (entre otros, durante el proceso de Mumia Abu Jamal en el que se sobornó a los testigos y cuando se desdijeron de sus testimonios fueron amenazados de muerte o de represalias) como por el Estado de Israel, que utiliza frecuentemente el soborno a testigos para hacer condenar a dirigentes políticos palestinos (por ejemplo, a Marwan Barghouti , pero también a simples ciudadanos palestinos, como Salah Hamouri .

Se encuentran cuestionadas aquí la instrumentalización de lo que constituye el derecho, pero también las manipulaciones del derecho y más generalmente de los derechos a beneficio de una ideología que quiere legalizar unas prácticas liberticidas contrarias a todas las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Y para ello esta ideología impone la idea de que el terrorismo amenaza absolutamente todas las esferas de la sociedad, particularmente cuando hombres y mujeres reivindican sus derechos fundamentales, entre ellos su derecho a la soberanía y a su tierra. Entonces, se presenta y se asimila a estas personas a una amenaza, y a partir de entonces llevar a cabo una lucha contra ellos ofrece un nuevo marco legítimo, aunque esta lucha se base en toda una serie de medidas liberticidas y atentatorias contra los derechos humanos, medidas incompatibles con todo Estado democrático o que se afirma democrático. En definitiva, esta lucha contra el terrorismo, sea cual sea su forma y gravedad, tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente a criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de ser utilizada, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de unos derechos políticos y civiles.

Ante esto es lo que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados.

WICHAN.

ESTRATEGIAS SUBVERSIVAS EN EL CHILE ACTUAL

28 y 29 de enero 19.00 horas en Casa de Memoria José Domingo Cañas

TEMARIO

-No más soldados en la Escuela de Las Américas: Lucha por el cierre de la Escuela de Las Americas. Observadores Chile.

-Criminilización de la Protesta Social: Alcance de la Nueva Ley Anti Terrorista. Alberto Espinoza (FASIC).

-Pedagogía de la Memoria y Conocimientos del Pasado Reciente: Memoria Crítica, UAHC

-Autoritarismo y su Expresión en lo Cotidiano: Colectivo "Okupa El Barrio".

ORGANIZAN
EQUIPO DE EDUCACIÓN - ÁREA DE HUMANIDADES FUNDACIÓN 1367 - JOSÉ DOMINGO CAÑAS 1367 - ÑUÑOA. FONO: 4191278

Preso Político cumple 20 días de huelga de hambre en Penal Santiago Uno

La política del Estado chileno para encontrar culpables en los casos de bombas y asaltos a mano armada a empresas de dinero, ha sido la de criminalizar, perseguir y encarcelar a los ex miembros del MAPU Lautaro, que en su momento decidieron luchar por convicciones revolucionarias anticapitalistas.

Es el caso, entre otros de Patricio Gallardo (45) Y Alejandro Rodriguez (40) quienes desde el 30 de agosto se encuentran presos en el Penal Santiago Uno, tras lo que denuncian como "falsos reconocimientos fotográficos en asalto a un camión de Prosegur en el mall Alto Las Condes" y a quienes incluso se ha intentado vincular de manera indirecta al "caso bombas".

Patricio, fue indultado el año 1994, luego de reconocerse las "aberraciones jurídicas" realizadas por la fiscalía militar que lo mantuvieron preso por más de 13 años. Hoy acusa ser nuevamente detenido por argumentos ideológicos y no delictivos, por lo que decidió el 31 de diciembre de 2010 iniciar una huelga de hambre, a modo de exigir justicia y visibilización de esta situación que "a punta de montaje y corrupción" a hecho de Chile un país donde ideas subversivas, propuestas anticapitalistas y acciones directas son sinónimo de delincuencia y terrorismo...Noticia en desarrollo.

Texto: Victoria

video: Metiendo ruido

CICLO DE CINE EN CASA DE MEMORIA JOSE DOMINGO CAÑAS

CUANDO EL SUEÑO ES MÁS GRANDE QUE LA CASA PROPIA

Pre- cumbre de pobladores en Chile

Los días 15 y 16 de enero se realizó en Concepción el Encuentro Nacional de Pobladores, previo a la Cumbre Interamericana de Movimientos Sociales fechada para junio del 2011 en Santiago de Chile, convocada por la FENAPO (federación nacional de pobladores) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Frente a la inexistencia de una política habitacional en Chile y la inoperancia que ha demostrado el gobierno en la reconstrucción de las zonas azotadas por el terremoto hace ya casi un año, diversas agrupaciones de pobladores se concentraron en la VIII región realizando mesas de trabajo y elaborando propuestas de políticas públicas.

Henry Renna, dirigente del Movimiento Pueblo en Lucha (MPL), explica los sentidos, logros y desafíos de este creciente movimiento popular.

“En nuestro país no existe una Ley General de Vivienda, como existe para la educación o salud, lo que hay es un Decreto Supremo (174) que establece un marco regulatorio para el acceso habitacional y que es habilitador del mercado, es decir, a través de subsidios el Estado incorpora a quienes no tienen capacidad adquisitiva para tener una casa, pero estos recursos no son para las familias, sino que para el mercado inmobiliario. No están dirigidos a la demanda y necesidades reales de las personas sino que se subsidia la oferta del mercado constructor, es decir, el Estado garantiza la reproducción del capital y las tasas de ganancia y acumulación a las grandes empresas, que en lo concreto se quedan con hasta un 70% del total de la inversión”.

Esta lógica económica que prima en Chile a la hora de la construcción de viviendas sociales ha ido en desmedro de la calidad de vida de los pobladores, enfatiza el dirigente, quien pone sólo como un ejemplo las casas Copeva, las erradicaciones de poblaciones a sectores periféricos y la alta concentración de personas en lugares que no cuentan con los espacios para desarrollar una vida digna, como son escuelas, hospitales, áreas verdes, espacios de recreación o transporte eficiente.

TODOS SOMOS POBLADORES

La categoría de poblador ha estado ligada históricamente a una visión reduccionista de lucha por la casa propia, pero nosotros, señala Renna, entendemos que poblador es aquel que puebla, es una categoría amplia que involucra a mujeres, trabajadores, familias, estudiantes, adultos mayores, etc. Que viven y se relacionan según las condiciones que el entorno genera, en este sentido la lucha no puede ser sólo por la estructura de la casa, sino que necesariamente implica el barrio, el hábitat en su conjunto y los espacios de autogestión del territorio.

“La vivienda es la necesidad básica, pero nuestra vocación de transformación de la sociedad y la lucha que estamos dando traspasa las cuatro paredes, tiene que ver con el modo de organización de la vida en la ciudad, bajo principios diametralmente distintos a los que ofrece el modelo económico neoliberal. O sea, poblaciones autogestionadas, que administren sus propios recursos, con nuevas matrices éticas de cooperativismo, sentidos colectivos y solidaridad.
La producción de nuevos tipos de relaciones sociales implica nuevas formas de relaciones de poder. Estamos reivindicando el derecho al poder, que significa también el deber de hacer política”.

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA
En esta lógica de sujeto social activo, los pobladores lograron detener lo que denominan una política de profundización neoliberal “anti-pobres” que pretendía expulsar los sectores vulnerables del centro a las periferias de la ciudad sin consultar a los afectados sobre el programa de vivienda al que serían destinados, a la vez que se eliminaban y reformaban subsidios habitacionales sin implicar beneficio alguno para las familias.

Tras la última y masiva marcha en diciembre de 2010, el gobierno accedió a no publicar oficialmente ninguna modificación en materia de vivienda y a comenzar un proceso de diálogo y acuerdos con la Federación Nacional de Pobladores, lo que se ha materializado en mesas de trabajo una vez a la semana entre la Ministra y los dirigentes de bases.
En términos generales las propuestas de la FENAPO consisten en:

- Creación de un Banco de Tierras Estatal, que implica la recuperación de la capacidad de compra del Serviu para adquirir terrenos y destinarlos directamente a los sin casa.
- Mejoramiento de calidad progresivo del parque habitacional
- Creación de instrumentos redistributivos de las riquezas producidas en el suelo.
- Creación de mecanismos de control sobre el alza de los valores de suelo.
- Apertura y reconocimiento estatal de empresas autogestionadas y cooperativistas de los pobladores en el rubro habitacional.

Por su parte, los dirigentes participes de la Pre-cumbre se ocuparon de diagnosticar, evaluar y proponer acerca del trabajo de reconstrucción que ha realizado el Gobierno y privados durante este año, luego del terremoto.

Elizabeth Herrera y Jorge Riffo de la Red Construyamos en Concepción, identifican cuatro áreas problemáticas en la región, ligadas al Plano Regulador “no beneficia a la ciudadanía y no está tomando en cuenta las necesidades de las personas, sino que se hace en función de la productividad de empresas”, la mala calidad de viviendas, la falta de transparencia en plazos y entregas de recursos y la fiscalización de la que no forman parte los propios pobladores, sino que es realizada técnicamente por organismos que pertenecen al mismo Estado.

Esta realidad y la voluntad de cambiarla han llevado a los dirigentes regionales a decidir fortalecer las organizaciones existentes, a crear nuevas figuras de incidencia y a impulsar prácticas de consulta vinculantes con los vecinos, como son los plebiscitos ciudadanos y la elaboración popular de programas y propuestas de ley en materias que los afecten directamente.

LA CUMBRE

Siendo este el panorama de la movilización social por el Derecho a la Vivienda en nuestro país, es que la FENAPO junto al ALBA están organizando la primera Cumbre Interamericana de Movimientos Sociales en Chile a realizarse a mediados de este año.

Henry Renna, explica que como Federación Nacional de Pobladores se han integrado a dos plataformas internacionales de lucha de movimientos sociales; a la SelVip (Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular) y al Consejo de Movimientos Sociales del ALBA. “Esto responde a nuestra visión americanista de lucha, los pobladores no tenemos patria, los que poblamos estamos en todas partes y nosotros estamos convencidos que Chile es una pieza clave en la liberación de Latino América, puesto que somos la vanguardia del sistema más brutal de políticas neoliberalistas. Si a pesar de esto, la lucha social se levanta y logramos triunfar entonces significa que puede hacerse lo mismo en todo el mundo”.

texto: Victoria

video: Metiendo Ruido http://www.metiendoriudo.com

El video que está abajo es un trabajo que expongo, no porque diga algo nuevo, sino porque es coincidente al discurso de muchos que han pasado por aquí. Lo ví hace unos días, una vez visto fue discutido. Es llamativo que las preguntas del cómo hacer se repitan una y otra vez, además de la discusión casi filosófica del uso de la violencia y sus alcances.

Espero que les guste o que no.

De la Servidumbre Moderna - Jean Francois Brient from Teotl Nahualli on Vimeo.

La capital huele a sus cuerpos quemados

ardiendo en el infierno que hemos creado

foto:

http://www.elobservatodo.cl/admin/render/noticia/19007 83 muertos

RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

Desde Cañete, por WICHAN

Durante estos días de Juicio Oral se a pretendido demostrar, sin mucho éxito, la existencia de un grupo que funciona como asociación ilícita para el robo de madera y que contaría con protección y cobertura armada, de parte de otra asociación ilícita terrorista, la CAM, una especie de mafia criminal sin vinculación alguna con las comunidades mapuche del sector. El hecho de que la totalidad de los imputados sean miembros de comunidades mapuche, es para el Fiscal Cruz, una mera casualidad.

En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales

En esta Acusación se ha pretendido esconder el trasfondo de esta lucha, pretendido, transformar esta realidad en hechos aislados que responden a actos delincuenciales y terroristas. Sin embargo, esta estrategia ha sufrido innumerables reveces, por ejemplo, con la declaración de un alto oficial de carabineros quien expresa, claramente, algunas situaciones que dejaron en incomoda posición a fiscales y querellantes; como por ejemplo, el fuerte altercado entre un superior de Carabineros y el entonces Fiscal Especial para causas mapuche, el hoy víctima, Mario Elgueta. Situación que deja al desnudo el poder que sustentaba y su falta de prudencia, provocando un hecho, supuestamente fortuito, que posteriormente, es incrementado artificialmente. Mas aún, este oficial reconoce la existencia de un conflicto “que sobrepasa las funciones de su institución” señalando textualmente “ojala que todo esto se solucione en algún momento”.

Por otro lado el representante de Forestal Mininco no pudo esconder en su intervención los intereses económicos que estaba representando, reconociendo el conflicto con comunidades mapuche de parte de esta empresa cuyo patrimonio pertenece a una de las familias mas ricas y poderosas de este país, incluyendo un territorio de mas de 750.000 hectáreas, superior a todo lo que en su conjunto posee el Pueblo Mapuche.

Tales declaraciones no han podido esconder las verdaderas causas de este conflicto, expresado hoy en este Juicio, tan poco han podido negar la existencia de la confrontación que existe entre las comunidades mapuche que luchan por sus derechos territoriales y políticos en contra de estos enormes conglomerados económicos y sus inversiones destructivas del mundo mapuche.

A estas alturas del desarrollo del Juicio Oral, van quedando claras las intensiones político judiciales del Ministerio Publico y querellantes (Gobierno y Forestal), en representación de los intereses empresariales de la zona del Lleu Lleu y que tiene su epicentro, en estos momentos, en el conflicto de lov Choque.

La intención del Ministerio Público, en este Juicio, es negar la existencia de un conflicto ancestral, transformando las recuperaciones de tierra productiva en actos ilícitos y condenables, y la legitima resistencia de nuestro Pueblo en terrorismo.

Contrario a ello, los presos políticos mapuche reivindican dicho proceso y legitiman la resistencia y auto-defensa masiva en la cual participaron decenas de miembros de la comunidad, incluyendo mujeres y niños, con elementos básicos como piedras y palos, frente a fuerzas combinadas de carabineros e investigaciones dotadas de equipamiento y armamento de guerra, como fusiles y tanquetas.

Es en este marco, de enorme desventaja, en que el Ministerio Público pretende hacer creer que hubo una “emboscada de aniquilamiento”, en contra del Fiscal Elgueta, ayudado de la prensa fascista, pero que en el transcurrir del Juicio ha ido quedando sin sustentación lógica, inclusive, por la enorme contradicción de diversos aspectos técnicos. Del mismo modo, no ha existido de parte de los testigos de la Fiscalía, una sola versión de los hechos; quedando claro que lo que ocurrió fue un fuerte enfrentamiento entre la comunidad y dos caravanas compuesta por más de 19 vehículos, con efectivos fuertemente armados, el cual creemos pudo ser provocado y orquestado por el propio Fiscal Elgueta, impotente frente a su fracaso profesional como Fiscal Especial de causas mapuche y con el objeto de justificar mayores e indiscriminadas medidas represivas.