del capitalismo" Héctor Llaitul.

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Su labor en pro de la paz fue reconocida por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de quienes recibió en 1978 el Premio de la Paz y en 1980 fue nominado al Premio Nobel, pero en Chile no ha recibido el reconocimiento a su labor histórica-social, por la que llegó a hacer votos de celibato y de pobreza.

Desalojaron a vecinos de Termas de Panimávida
Este viernes 2 de julio por la mañana fueron desalojados de sus hogares los vecinos del complejo turístico de la séptima región. Las personas que viven allí hace más de 30 años fueron echados a la calle por resolución del tribunal de Linares.
Las denuncias de procesos indebidos y de apropiación ilegal en la que habría incurrido el dueño de las termas, Roberto Movillo, fueron insuficientes para que se realice la investigación que solicitaron los vecinos del sector La Poza, quienes incluso llegaron hasta La Moneda para informar al Presidente de la República de la situación.
La respuesta de la carta entregada a Sebastián Piñera aún no ha llegado, sin embargo, el desalojo ya se realizó. “Esta mañana llegaron los carabineros, empezaron a sacar todas nuestras cosas y nos dejaron en la calle. Nosotros no tenemos dónde ir y lo más importante es que consideramos que aquí ha habido una tremenda vulneración a nuestros derechos”, señaló ayer Carlos Pereira, uno de los vecinos afectados.
Acusando que ninguna autoridad se ha hecho presente y ha tomado en serio sus denuncias, los vecinos señalan que una vez que se retiren los carabineros volverán a ingresar a su casa, puesto que no tienen dónde más vivir. “Nos están obligando a sacar las cosas de la calle, porque dicen que la calle también les pertenece”, informa Pereira, quien dice no entender tanto ensañamiento y poca humanidad del empresario.
Recordemos que la Séptima Región es una de las más afectadas por el terremoto, además de que estos vecinos constituyen una población de bajos recursos económicos. El abogado de Amnistía Internacional, al ser consultado anteriormente por este caso, enfatizó que la política del desalojo es una violación a los derechos humanos, económicos y sociales. “Debería contemplarse la solución de vivienda para las personas para que no se queden en la calle, pero eso está lejos de suceder en este país”, señaló.
La senadora Ximena Rincón, quien intervino en su momento para que el desalojo no se realizara hace un mes atrás, no ha logrado llevar a cabo una investigación profunda acerca de la venta de terrenos que hiciera el Banco Estado a Movillo, la que sería catalogada por los vecinos como ilegal, y tampoco de encontrar una solución para estas familias que ayer han quedado sin casa.
Noticia en desarrollo
En el marco del Mes de la Energía, el Colegio de Ingenieros de Chile (CICh) realizó el quinto seminario “ Energía Nuclear de Potencia”, en el que compartieron su programa para construir de aquí a veinte años más, cuatro centrales nucleares en nuestro país.
El Comité Nuclear del CICh, luego de analizar las proyecciones de demanda de energía eléctrica en Chile para el período 2010-2030, y los requerimientos de los reactores nucleares para su operación, recomendó ubicar, en la zona costera de nuestro país, tres sitios -en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y El Maule-, con espacio para albergar cuatro centrales.
En un lenguaje muy técnico y con la lógica de responder sólo algunas preguntas seleccionadas que se hacían desde el público, los expositores hablaron de las virtudes y responsabilidades que implica la energía nuclear, sin embargo, los riesgos para la población y el impacto medio ambiental no fueron un tema desarrollado en la convención.
En el encuentro expusieron: Claudio Huepe, del Programa de Desarrollo Nuclear del Gobierno, Fernando López y Pedro Orrego de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Alberto Salas de la Sociedad Nacional de Minería y Rodolfo Saragoni del Comité de Energía Nuclear del Colegio de Ingenieros de Chile.
Mientras Claudio Huepe, jefe de la División de Prospectiva y Políticas Energéticas del Ministerio de Energía, fue enfático en señalar que durante este gobierno sólo se están realizando y revisando estudios, el proyecto del CICh contempla desde este mismo año “la decisión política del gobierno” de aceptar la energía nuclear en la matriz eléctrica.
Siguiendo el programa, el año 2012 el gobierno debería decidir participar como socio en el Proyecto Nuclear, constituyendo una empresa mixta, que estaría “bajo el control de privados” para luego llamar a una licitación internacional por el suministro de las centrales. La construcción se iniciaría el año 2015 para estar operativa el 2020.
Al salir de la sala, pudimos preguntarle a Claudio Huepe algo muy sencillo, pero esencial sobre la existencia de centrales nucleares: ¿cuáles son los riesgos para las personas? “ El mayor riesgo tiene que ver con la posibilidad de una fuga radioactiva, sabemos indiscutiblemente que un nivel alto de radiación mata a la gente. Ese riesgo existe siempre”, reconoció.
El documento elaborado el 2007 por Greenpeace “( R)evolución Energética”, señala diversas explicaciones del porqué decir no a la energía nuclear (E.N):
- La E.N es un objetivo para ataques terroristas y una fuente de armas nucleares.
- Los residuos radioactivos generan un drama ambiental, que hasta el día de hoy no tiene solución, constituyéndose en una amenaza mortal.
- Implica un costo muy alto, incomparable con otras energías limpias, seguras y baratas. Desviando fondos para las energías renovables.
La declaración indica además que “la industria nuclear utiliza el cambio climático como una excusa para salvar e incluso aumentar su negocio moribundo”, sentenciando que reemplazar el calentamiento global por un invierno nuclear no es la solución.
Recordemos que la energía nuclear ha causado devastadores daños a la humanidad, como fueron: el ataque de Estados Unidos a Hiroshima en 1945, que mató a más de cien mil personas y dejó trescientos mil heridos, el segundo ataque estadounidense, en la ciudad de Nagasaki, donde murieron más de 140 mil seres humanos o el accidente de 1985, en la central nuclear de Chernóbil, que generó numerosos muertos y heridos, además de graves daños en la salud de las personas y el medio ambiente.
Actualmente, con la excusa de la existencia de reactores nucleares para fines bélicos, se llevan a cabo invasiones y guerras en países del medio oriente.
Noticia en desarrollo

El empresario y gerente general de la Egis Red Almarza, que se encontraba en huelga de hambre desde el 3 de junio, depuso en su noveno día la radical medida.
Lo que originó esta determinación de parte de Almarza, fue la ilegalidad en que incurrió el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), según ratificó la Contraloría General de la República, al desconocer el derecho de más de diez mil familias a subsidio habitacional, muchas de las cuales ya se encontraban viviendo en las casa previo compromiso de compra firmado.
El día once de junio, nueve días después, Red Almarza logra llegar a acuerdo con el Minvu, en el que se pacta ingresar las carpetas de las familias y proceder a entregarles sus subsidios.
Mayor información en http://www.redalmarza.cl/
Artículo relacionado: Empresario cumple siete días en huelga de hambre

Este miercoles 26 llegaron a las dependencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), distintas organizaciones sociales y radios comunitarias de la Región Metropolitana, para exigir que se cumpla el derecho a la libertad de emitir opinión y de informar de todas las personas, estipulado en la Constitución Política del Estado Chileno, y la libertad de expresión, derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
La convocatoria a esta movilización fue hecha por la radio comunitaria Sin Tierra, de Villa la Reina, creada por varios actores sociales de la población y autogestionada hace más de un año. Uno de sus gestores, Fidel Galaz, explica que “nuestra radio nace por la necesidad esencial de comunicarse y fortalecer el conocimiento y organización entre los vecinos.
“Lamentablemente a una dirigenta vecinal no le acomodaron las críticas que se le hacían a su actuar y nos denunció a la Subtel, teniendo yo que enfrentar un largo juicio en mi contra”, enfatizó Galaz.
A la manifestación se sumaron organizaciones sociales, reporteros independientes y medios de comunicación que se encuentran en la misma situación de ilegalidad y que son reconocidas en el medio popular por su perseverancia y sacrificio, como es el caso de la radio 1º de Mayo, de la población La Victoria, quienes también pudieron ingresar a la sala donde se reunieron con los representantes de la Subtel, Carlos Núñez, jefe de gabinete de la subsecretaría, Pablo Cereceda, periodista de la institución y Enoc Araya, jefe de Concesiones.
En esta reunión los comunicadores populares expusieron que demandan la regularización de legalidad para que radio Sin Tierra, pueda mantenerse al aire y la derogación del artículo 36B de la ley 18.168, que señala las penas a las que están expuestas quienes transmitan ilegalmente y que incluyen el presidio y multas que pueden llegar hasta las 5 mil UTM (más de 180 millones de pesos).
Nicolás Toro, de la comuna de la Reina, puntualizó lo dañino que es para la sociedad que el poder de los medios de comunicación se concentre en tan pocas manos, como sucede hoy en Chile, así como el insuficiente espacio otorgado a las radios comunitarias (que alcanzará según la nueva ley, a sólo un 5% del espectro radial), porcentaje que no alcanza a cubrir a todas las radios existentes que funcionan hoy en la marginalidad, ni menos impulsa la creación de nuevos medios comunitarios.
Frente a esta exposición, Carlos Núñez (Subtel), contestó que “independiente de estar o no de acuerdo con la ley, tenemos la obligación de cumplirla -como institución-. Al recibir una denuncia, debemos estudiar el caso y entregar los antecedentes al ministerio público”.
Y Pablo Cereceda, agregó: “Desafortunadamente, mientras se tramitó por casi tres años la nueva ley de radiodifusión comunitaria, no hubo interés político, de ningún sector, por aumentar el espectro para estas radios ni tampoco para derogar el artículo 36B. Estos dos aspectos fueron propuestos por la Subtel, y ningún parlamentario acogió esta iniciativa. Por lo tanto, no depende de nosotros que esta situación se modifique, porque finalmente las leyes, no se deciden aquí”.
La incapacidad de la Subtel de resolver esta problemática, sólo dio espacio para que las autoridades se comprometieran a informar esta situación en instancias superiores y a asesorar a todas las radios comunitarias que quieran concursar por ser legal aunque, finalmente -y por ser finito el espectro radial concursable, en caso de haber varias radios pretendiendo un mismo espacio en igualdad de condiciones, se decidirá por sorteo azaroso, sacando una bolita que definirá cual radio gana el concurso.
Al finalizar la reunión, Marco Cáceres de la radio 1º de Mayo, le indicó a Cereceda que “en esta institución se dicen imparciales, pero hay una política de hostigamiento hacia los medios comunitarios que viven bajo la constante amenaza. Es súper fácil la postura de la imparcialidad, por eso yo no trabajo en la Subtel, sino que en un medio representativo de la comunidad y de los trabajadores. Puede ser bonita tu pega, pero en definitiva, uno en esta vida tiene que tomar posición, si realmente quiere que la realidad cambie”.
Fidel Galaz, de radio Sin Tierra, señaló al término de la jornada que “nosotros vamos a seguir transmitiendo en la ilegalidad porque no estamos de acuerdo con la burocracia y falta de igualdad que existe en los trámites de las concesiones. Sentimos que la fuerza y la capacidad de revertir la situación están aquí afuera, en el poder popular”.

Hasta la Intendencia de la Región Metropolitana llegaron esta mañana un grupo de trabajadores afectados por el accidente radioactivo del año 2005, cuando realizaban faenas en la empresa Forestal Arauco Constitución (Celco) para manifestar su protesta buscando que alguien se responsabilice por lo que les sucedió.
La empresa contratista Echeverría Izquierdo S.A. era la directamente responsable de los trabajadores afectados por el accidente (que llegan a un centenar) y en la cual, en ese momento, el actual intendente metropolitano, Fernando Echeverría Vial, fungía como su gerente general.
José Muñoz, presidente del Sindicato Interempresas de Trabajadores de Montaje Industrial, Contratistas, Subcontratistas y afines de Chile “Sitramicsch” señala que “desde que se produjo este lamentable accidente hemos sido testigos de la irresponsabilidad e insolente indiferencia de las autoridades, empezando por la Empresa Echeverría Izquierdo, la Mutual de Seguridad, la Comisión Nacional Nuclear y Celco”.
A raíz de esta situación -enfatiza Muñoz- “los trabajadores nos hemos organizado manifestando el desamparo, descontento y frustración por nosotros y los colegas que vieron truncadas sus vidas y la de sus familias. Esta mañana hemos llegado hasta Santiago para entregar una carta con nuestras exigencias”, que todavía no han sido acogidas”.
Las demandas:
1. Indemnización económica por daños y perjuicios físicos y psicológicos a las víctimas del accidente.
2. Programa médico de tratamiento de por vida, para los trabajadores más afectados.
3. Programa de tratamiento psicosocial a todos los trabajadores que lo requieran.
4. Intervención del Estado y autoridades competentes en las débiles políticas que regulan estas materias.
5. Que la Comisión Nacional Nuclear se pronuncie al respecto, que se defina su rol y que sea finalmente un aporte como entidad resolutiva más que consultiva.
6. Constituir cuanto antes una mesa de reparación, donde se involucren todos los actores implicados.
EL ACCIDENTE, SEGÚN LOS TRABAJADORES
La madrugada del 14 de diciembre de 2005, tres trabajadores que realizaban gammagrafías en una de las plantas de Celco desprendieron, sin darse cuenta, una cápsula de Iridio 192 (isótopo radioactivo) que iba dentro de un proyector. Al día siguiente, dos trabajadores de la empresa contratista Echeverría Izquierdo S.A., manipularon de forma directa el isótopo radiactivo, sin saber que sus vidas y las de los demás obreros, corrían peligro.
Patricio Agurto, uno de los trabajadores afectados, señala: “Estuvimos expuestos alrededor de doce horas a esta cápsula radioactiva, yo obtuve una radiación de 823 mSv, cuando lo normal para una persona que manipula este tipo de artefactos es de cincuenta en un año. Hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta de la Mutual de Seguridad, que incluso está atestiguando en favor de la empresa que, claramente, tenía una seguridad muy precaria para los trabajadores”.